La Batalla de Ayacucho fue un encuentro militar decisivo durante la Guerra de la Independencia del Perú. Fue la batalla que aseguró la independencia del Perú y también la independencia del resto de América del Sur. Es considerado como el fin de las guerras hispanoamericanas de independencia. La batalla de Ayacucho puso fin al Virreinato del Perú y destituyo a su último virrey el general José de la Serna e Hinojosa, Conde de los Andes.
La Batalla de Ayacucho acontecio el 9 de diciembre de 1824 en la Pampa de la Quinua, Ayacucho, entre los realistas y las fuerzas independentistas. Las fuerzas independentistas fueron liderados por Antonio José de Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar. El Virrey José de la Serna sería herido, y después de la segunda batalla el Comandante en Jefe, José de Canterac, firmaría la capitulación de Ayacucho donde el ejercito realista reconocía su derrota y la independencia del Perú. Actualmente, el ejercito peruano celebra cada 9 de diciembre el aniversario de la Batalla de Ayacucho.
Obelisco recordatorio del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho
DECLARACIÓN DE AYACUCHO
Nuestros países alcanzaron su independencia política, pero su incorporación a la economía mundial suscitó posteriormente distintas formas de dependencia, las cuales explican los obstáculos a nuestro desarrollo económico, social y cultural.
Es urgente completar la tarea emancipadora promoviendo la construcción del destino propio en el campo socioeconómico, lo que requiere modelos de desarrollo que aseguren a nuestros pueblos una justa participación en la vida económica y cultural y faciliten la plena realización del hombre americano.
El compromiso histórico y esencial del continente latinoamericano es unirse para la liberación económica y social, la superación científica y tecnológica. Esta unidad demanda la voluntad común de alcanzar objetivos de interés global para sus pueblos, sustentada en la solidaridad y en el reconocimiento de una realidad pluralista.
Consecuentes con los propósitos que inspiraron la convocatoria del Congreso de Panamá, reiteramos que sólo unidos los países latinoamericanos cumplirán plenamente la misión que les corresponde dentro de la comunidad internacional, contribuyendo así a la paz y seguridad en el mundo.
El nacionalismo latinoamericano constituye la toma de conciencia de nuestros pueblos sobre su realidad profunda y su verdadera personalidad, fruto del mestizaje de sangre, fusión de culturas y comunes vivencias históricas, sociales y económicas.
Su fortalecimiento requiere, en la actual coyuntura internacional, plantear los problemas de la región, sus soluciones al margen de cualquier injerencia y concertar nuevas formas de acción conjunta que promuevan los valores auténticos de nuestras naciones e impida que prosperen en América Latina políticas, acciones o medidas extrañas que pretendan menoscabar la personalidad de nuestros pueblos y la soberanía de nuestros Estados.
Reiteramos nuestra adhesión a los principios de la igualdad jurídica de los Estados, de su integridad territorial, de la autodeterminación de los pueblos, del pluralismo ideológico, del respeto a los derechos humanos, de la no intervención y de la cooperación internacional, de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones asumidas, de la solución pacífica de las controversias internacionales y de la prohibición de recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza y a la agresión armada, económica o financiera en las relaciones entre los Estados.
Condenamos y repudiamos las situaciones coloniales que aún persisten en América Latina y que deben erradicarse prontamente por constituir una amenaza potencial a la paz de la región. Para este objeto nuestros esfuerzos quedan comprometidos.
Nos comprometemos a propiciar y dar apoyo a la estructuración de un orden permanente de paz y cooperación internacionales y a crear las condiciones que permitan la efectiva limitación de armamentos y ponga fin a su adquisición con fines bélicos ofensivos, para dedicar todos los recursos posibles al desarrollo económico y social de cada uno de los países de América Latina.
Condenamos el uso de la energía nuclear con otros fines que no sean pacíficos y al servicio del progreso y bienestar de nuestros pueblos. La creación de una sociedad con plena capacidad nacional de decisión requiere poner fin a la dependencia económica mediante la determinación y el logro de objetivos de desarrollo adecuados a las necesidades reales de cada uno de nuestros pueblos.
Son derechos inalienables de nuestros países el pleno ejercicio de la soberanía sobre sus recursos naturales propios, la defensa de los precios de las materias primas, la regulación de las inversiones extranjeras y el control de las actividades de las empresas transnacionales.
Los esfuerzos concertados de todas nuestras naciones son esenciales para promover la formación y fortalecimiento de asociaciones de países productores-exportadores de materias primas, lograr los más favorables términos de acceso de nuestros productos a los mercados internacionales, obtener las mejores condiciones en la transferencia, creación e intercambio de tecnologías adecuadas a nuestras particulares realidades; asegurar el mejor abastecimiento regional de artículos esenciales, particularmente alimentos; establecer empresas multinacionales latinoamericanas, cooperar en materia de asuntos monetarios, transporte y comunicaciones, financiamiento externo y organismos financieros latinoamericanos.
La integración es el más efectivo instrumento de desarrollo y garantía de independencia económica, al conjugar los esfuerzos nacionales con la complementariedad de nuestras economías.
La profunda crisis económica mundial hace evidente la necesidad de impulsar en forma decisiva los cambios estructurales y de establecer un sistema de seguridad económica colectiva, que haga posible el desarrollo integral de los pueblos para su bienestar, en un clima de estabilidad, libre de amenazas y coacciones que lo traben, a fin de lograr un nuevo orden económico internacional que deberá fundarse en la equidad, la igualdad, la soberanía, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los estados.
Al reafirmar el compromiso histórico de fortalecer cada vez más la unidad y solidaridad entre nuestros pueblos, prestamos la más amplia comprensión a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, situación que debe demandar la consideración más atenta hacia entendimientos constructivos.
Declaramos que la unión de nuestros pueblos como naciones sustenta la paz, la justicia, el bienestar y el derecho como objetivos supremos de sus relaciones internacionales.
Consecuentes con estos principios fundamentales, nos comprometemos solemnemente a actuar de inmediato y en forma conjunta por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores ante cualquier situación que pudiera afectar la convivencia pacífica entre nuestros países.
Cooperaremos fraterna y decididamente para que los pueblos de América Latina, hoy una comunidad de 300 millones de seres humanos, aúnen sus esfuerzos ante el imperativo presente de trazar su propio camino, libre y autónomo, hacia la consecución de los objetivos de desarrollo económico y justicia social que hagan posible la plena realización y dignificación del hombre latinoamericano, único destinatario del legado histórico de la gesta emancipadora que culminó en Ayacucho.”
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- Firmado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.
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- El documento lo firman los generales Juan Velasco, Presidente del Perú; Hugo Banzer, Presidente de Bolivia; Omar Torrijos, Jefe de Gobierno de Panamá; Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela; Julio Cesar Turbay Ayala, representante del Presidente de Colombia; Alberto J. Vignes, representante de la Presidenta de Argentina; Carlos Aníbal Jaramillo, representante del Presidente de Ecuador, y vicealmirante Patricio Carvajal, representante del Jefe de Estado de Chile.
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